La protesta se produce después de que el Consistorio, por medio del concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo (PSE), haya anunciado que los agentes participarán en labores para identificar a los barakaldeses que perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y sobre los que Lanbide tiene "dudas" sobre dónde viven.
Berri-Otxoak ha asegurado que este tipo de intervenciones policiales ha motivado críticas del Defensor del Pueblo vasco —Ararteko— y también de instancias judiciales. "Pero el Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido saltarse la ley a costa de vulnerar los derechos de las 5.000 unidades de convivencia usuarias de los servicios sociales de la localidad".
A juicio de la plataforma, el envío de policías a los domicilios de quienes perciben ayudas sociales supone un "señalamiento y persecución" de personas empobrecidas. "Es cuando menos curioso siendo una institución que ha sido apercibida por intervención general por gestionar 28 millones de euros fuera de los criterios contables que exige la actual legislación".
"No deja de ser curioso que el equipo del gobierno municipal criminalice a las miles de personas que en Barakaldo sufren las dificultades de acceso a una vivienda o un salario digno y justo. Se nota que en los despachos municipales se vive muy bien, con salarios cercanos a los 6.000 euros al mes", ha arremetido Berri-Otxoak.
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