Así lo ha afirmado el consejero de Vivienda, Denis Itxaso (PSE), con motivo del anuncio del acuerdo para que el Ejecutivo autonómico se haga con la propiedad del derecho de superficie de 510 pisos en el barrio de Benta Berri de San Sebastián, con un coste de 100 millones de euros. Estos inmuebles, levantados en los noventa, tienen calificación de protegidos hasta noviembre de 2028 y los inquilinos, en alquiler, se veían en riesgo de quedar en precio libre por parte de su actual titular, que es un fondo de inversión.
En relación a Barakaldo, así como a Bilbao, Intxaurrondo o Vitoria, Denis Itxaso ha indicado que se va a proponer una "reforma de la Ley de Vivienda que prorroga la calificación de protección oficial de aquellas viviendas amenazadas o que están pendientes de desclasificación por pertenecer a regulaciones anteriores a 2003", tanto si se trata de pisos de alquiler como en propiedad, mientras estén en municipios declarados 'zonas tensionadas' en el mercado de vivienda.
Esta prórroga de la protección oficial supone, según el Gobierno Vasco, proteger a los inquilinos de pisos en alquiler así como "reducir los incentivos del negocio inmobiliario".
La situación de calificación temporal como vivienda de protección oficial afectaba a inmuebles edificados antes de 2003. Desde aquella fecha, los pisos protegidos lo son de manera indefinida o permanente.
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