Así lo ha denunciado la plataforma contra la pobreza Berri-Otxoak con una concentración ante el palacio de justicia en el día, el 9 de noviembre, que sucedieron los hechos, que provocaron una ola de indignación en toda España.
"Pasados 14 años, los desahucios siguen vigentes al igual que la falta de una alternativa habitacional para las familias afectadas", ha señalado el colectivo social, que exige la "aplicación de forma urgente e inmediata" del protocolo que, con motivo de aquella tragedia, acordaron todas las instituciones en el País Vasco" "los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio".
Mediante un comunicado, Berri-Otxoak asegura que, en estos casi tres lustros desde el suicidio, 2.670 familias de Barakaldo han sido desalojadas de las viviendas que eran su residencia. La situación, además, ha empeorado en la anteiglesia y "el alquiler se sitúa en 880 euros y el acceso a una habitación llega hasta los 425 euros mensuales de media", mientras "140 personas sin hogar sobrevivan en las calles".
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