La operación denominada 'Ambotan-Canapu', desarrollada junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha supuesto la intervención en 10 obras en Asturias, Cantabria y el País Vasco, con la detección de posibles irregularidades laborales en siete de ellas y la identificación de 41 obreros extranjeros, de los que 40 carecían de documentación para su estancia legal en España.
En una nota de prensa, el instituto armado señala que algunas de las víctimas habían adquirido deudas de hasta 30.000 euros para poder realizar el viaje a España, “circunstancia que incrementaba su situación de vulnerabilidad". Los afectados han realizado “largas rutas” para llegar al país, a veces con escalas en Italia o Grecia.
Del mismo modo, la Guardia Civil informa de que se han detectado “varios” accidentes laborales con estos obreros como víctimas. Al menos dos de ellos fueron traslados al hospital y después la red de explotación laboral los apartó de la actividad laboral.
El caso puede suponer delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, la trata de seres humanos, y contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre otros.
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